BUENOS DÍAS VERACRUZ
David Varona Fuentes
Martes 27 de septiembre del 2011
La política tiene sus recovecos.
Y no es para menos.
Ahora en plena efervescencia política del país; el ex presidente de la república, que le dio paso a la alternancia, entregando el poder a un candidato ganador contrario a su partido, está sentado en el banquillo de los acusados:
Ernesto Zedillo Ponce de León.
Considerado entre los priístas como un traidor a su partido; la vida política le hace una mala jugada.
El 22 de diciembre de 1997, se llevó a cabo los asesinatos de los indígenas de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, del estado de Chiapas.
En noviembre de 2007 se creó la Fiscalía Especializada, para investigar los delitos cometidos en Acteal.
Entre otros expedientes se encuentran las testificaciones ministeriales de las personas directa o indirectamente implicadas en el caso, testigos de los hechos, servidores públicos locales, Estatales y Federales entonces en funciones; también se encuentran los documentos que diversos organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El expediente contiene además oficios intercambiados entre diversas instancias de Gobierno, y entre estas y los pobladores de Chenalhó. Otros testimonios que dan cuenta de los hechos se encuentran cartas dirigidas al entonces presidente Ernesto Zedillo y al gobernador Julio César Ruíz Ferro.
En marzo del 2011 se concluyeron las indagatorias y el debate, en el cual se abunda en un tema toral: el papel del gobierno, en forma de omisiones, encubrimientos y de sus responsabilidades como autoridad garante, se da seguimiento a los hechos post- Acteal, es decir, se establece lo erróneo que significaría agotar la narración de los hechos de 22 y 23 de diciembre, puesto que la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones y el proceso judicial es quizá el área en que se revelan con mayor fuerza-después de los asesinatos- los alcances de los ilícitos involucrados en la tragedia la serie de injusticias y el comportamiento omisivo y de encubrimiento que demostró la autoridad.
A lo largo de la investigación se presentará la evidencia que sustenta la comprobación del hecho de la masacre de Acteal, misma que no fue una circunstancia aislada y coyuntural sino el punto culminante de una sucesión de acontecimientos violentos.
Se supone que las autoridades de ese entonces tenían amplio conocimiento, que hace suponer que el Gobierno Federal y Estatal presuntamente fomentó el trabajo de los grupos paramilitares.
Sobre este punto, la Fiscalía estima que para esclarecer ese punto en particular es preciso disponer de los testimonios del ex presidente Ernesto Zedillo y su secretario particular Liébano Sáenz Ortiz.
El procedimiento judicial que siguió a los hechos estuvo lleno de irregularidades, tales como la detención de inocentes y la fabricación de pruebas para inculpar a determinados personajes.
A paso de los años la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la libertad de los indígenas que permanecieron en la cárcel, por no encontrarles responsabilidad alguna, echando por tierra las acusaciones y señalamientos de la PGR.
Nueve de los agraviados a través de un bufete jurídico de los Estados Unidos, ha presentando una demanda en una Corte Federal por un daño moral por cincuenta millones de dólares.
El Bufete de los abogados demandantes son: Roger Kobert.Lcdo. Y Marc Pigliense,Lcdo. Rafferty Kobert Tenenholtz, con dirección en 1401 Brickell Avenue, Suite 825, Miami, Florida 33131.
Sobre esta denuncia, el ex presidente Zedillo ha negado su culpabilidad; sin embargo, los demandantes y su respectiva defensa, han anunciado que irán hasta sus últimas consecuencias.
Ahora bien.
Cabe preguntar… ¿Quién está atrás de todo esto?
Porque los agraviados son gente muy humilde y no tienen recursos para viajar a los Estados Unidos.
El bufete de abogados que los defienden dicen que no han cobrado un solo centavo… y mire usted amable lector ese bufete es de los más cotizados en la Unión Americana.
Hay quien dice, que es don Carlos Salinas el cerebro de todo este escándalo político, que ha cimbrado a la clase política mexicana.
No hay que olvidar, que en ese entonces el secretario de gobernación, era nada menos que don Emilio Chuayffet, ahora flamante presidente de la Cámara de Diputados y quien se dice ser hombre de confianza de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, todo apunta a que los priístas, le están cobrando la traición de haber entregado el poder, al haber negociado en el momento con Vicente Fox, la presidencia de la República.
Y también parar en seco, las ansias locas de novillero de don Emilio Chuayffet … quien por cierto padrino del diminuto político Jorge Uscanga Escobar, quien ya se siente candidato a senador.
¿O usted qué opina?
davidvaronaf@hotmail.com
www.lagazeta.org
http://www.buenosdiasveracruz.blogspot.com/
David Varona Fuentes
Martes 27 de septiembre del 2011
La política tiene sus recovecos.
Y no es para menos.
Ahora en plena efervescencia política del país; el ex presidente de la república, que le dio paso a la alternancia, entregando el poder a un candidato ganador contrario a su partido, está sentado en el banquillo de los acusados:
Ernesto Zedillo Ponce de León.
Considerado entre los priístas como un traidor a su partido; la vida política le hace una mala jugada.
El 22 de diciembre de 1997, se llevó a cabo los asesinatos de los indígenas de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, del estado de Chiapas.
En noviembre de 2007 se creó la Fiscalía Especializada, para investigar los delitos cometidos en Acteal.
Entre otros expedientes se encuentran las testificaciones ministeriales de las personas directa o indirectamente implicadas en el caso, testigos de los hechos, servidores públicos locales, Estatales y Federales entonces en funciones; también se encuentran los documentos que diversos organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El expediente contiene además oficios intercambiados entre diversas instancias de Gobierno, y entre estas y los pobladores de Chenalhó. Otros testimonios que dan cuenta de los hechos se encuentran cartas dirigidas al entonces presidente Ernesto Zedillo y al gobernador Julio César Ruíz Ferro.
En marzo del 2011 se concluyeron las indagatorias y el debate, en el cual se abunda en un tema toral: el papel del gobierno, en forma de omisiones, encubrimientos y de sus responsabilidades como autoridad garante, se da seguimiento a los hechos post- Acteal, es decir, se establece lo erróneo que significaría agotar la narración de los hechos de 22 y 23 de diciembre, puesto que la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones y el proceso judicial es quizá el área en que se revelan con mayor fuerza-después de los asesinatos- los alcances de los ilícitos involucrados en la tragedia la serie de injusticias y el comportamiento omisivo y de encubrimiento que demostró la autoridad.
A lo largo de la investigación se presentará la evidencia que sustenta la comprobación del hecho de la masacre de Acteal, misma que no fue una circunstancia aislada y coyuntural sino el punto culminante de una sucesión de acontecimientos violentos.
Se supone que las autoridades de ese entonces tenían amplio conocimiento, que hace suponer que el Gobierno Federal y Estatal presuntamente fomentó el trabajo de los grupos paramilitares.
Sobre este punto, la Fiscalía estima que para esclarecer ese punto en particular es preciso disponer de los testimonios del ex presidente Ernesto Zedillo y su secretario particular Liébano Sáenz Ortiz.
El procedimiento judicial que siguió a los hechos estuvo lleno de irregularidades, tales como la detención de inocentes y la fabricación de pruebas para inculpar a determinados personajes.
A paso de los años la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la libertad de los indígenas que permanecieron en la cárcel, por no encontrarles responsabilidad alguna, echando por tierra las acusaciones y señalamientos de la PGR.
Nueve de los agraviados a través de un bufete jurídico de los Estados Unidos, ha presentando una demanda en una Corte Federal por un daño moral por cincuenta millones de dólares.
El Bufete de los abogados demandantes son: Roger Kobert.Lcdo. Y Marc Pigliense,Lcdo. Rafferty Kobert Tenenholtz, con dirección en 1401 Brickell Avenue, Suite 825, Miami, Florida 33131.
Sobre esta denuncia, el ex presidente Zedillo ha negado su culpabilidad; sin embargo, los demandantes y su respectiva defensa, han anunciado que irán hasta sus últimas consecuencias.
Ahora bien.
Cabe preguntar… ¿Quién está atrás de todo esto?
Porque los agraviados son gente muy humilde y no tienen recursos para viajar a los Estados Unidos.
El bufete de abogados que los defienden dicen que no han cobrado un solo centavo… y mire usted amable lector ese bufete es de los más cotizados en la Unión Americana.
Hay quien dice, que es don Carlos Salinas el cerebro de todo este escándalo político, que ha cimbrado a la clase política mexicana.
No hay que olvidar, que en ese entonces el secretario de gobernación, era nada menos que don Emilio Chuayffet, ahora flamante presidente de la Cámara de Diputados y quien se dice ser hombre de confianza de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, todo apunta a que los priístas, le están cobrando la traición de haber entregado el poder, al haber negociado en el momento con Vicente Fox, la presidencia de la República.
Y también parar en seco, las ansias locas de novillero de don Emilio Chuayffet … quien por cierto padrino del diminuto político Jorge Uscanga Escobar, quien ya se siente candidato a senador.
¿O usted qué opina?
davidvaronaf@hotmail.com
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