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domingo, 23 de noviembre de 2008

Y...VIENE LA BARREDORA

Un nuevo escándalo sacude a las instituciones del país encargadas de combatir al crimen organizado y el narcotráfico.
Es producto de la “Operación Limpieza” ordenada por el gobierno Calderonista, cuyo objetivo es detectar a esas lacras de policías federales, comandantes y Agentes del Ministerio Público que no lograron soportar los cañonazos de dólares que las bandas criminales les entregan como soborno.
La captura del extitular de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano, ha cimbrado las estructuras del sistema de seguridad nacionales, que como nuevamente queda demostrado, son tan endebles que cualquier célula del narcotraficante las traspasa y corrompe.
El exdirector de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, recibía 450 mil dólares al mes por brindarle protección al Cartel del Pacífico.
Habían transcurrido once años del último zafarrancho de corrupción en las altas esferas del gobierno de la república, y que en esa ocasión tambaleó la honorabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El 18 de febrero de 1997 fue detenido el General de División Jesús Gutiérrez Rebollo, Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), acusado de darle protección al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (a) El Señor de los Cielos.
Para la comunidad internacional que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, se trató de un deshonroso episodio para México, que encolerizó y puso los pelos de punta a los altos mandos castrenses.
Sin lugar a dudas, de 1997 a la fecha, muchos funcionarios públicos de escritorio y policías de las calles se han involucrado con los carteles de las drogas; los costales de dólares que les ofrecen por venderles información de primer nivel o alertarlos de los operativos antidrogas, pueden más que la lealtad a las instituciones mexicanas.
No decirle al pueblo mexicano del descubrimiento de nuevos peces gordos antidrogas aliados de los narcos, se debe al silencio encubridor, originado en la misma cúpula de gobierno, donde son protegidos con el manto de la impunidad.
Ramírez Mandujano es apenas un hilo de la gran madeja de corrupción que envuelve a la Procuraduría General de la República, a la SIEDO, Jueces, MP y policías, todos del rango federal.
La “Operación Limpieza” del presidente Felipe Calderón, es bien vista por la ciudadanía, y podría tener resultados favorables si la escoba penetra hasta las entrañas ocultas del mismo demonio.
Los sótanos de la PGR, SIEDO o del CISEN, ocultan expedientes secretos de los principales cabecillas que manejan o protegen al narcotráfico en cada región del país, todos con nombres, apellidos y cargos públicos que desempeñan.
Sin embargo, la campaña de aseo podría fracasar sin la cooperación de los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, al ser ellos los responsables primarios que conocen de las actividades ilícitas en sus demarcaciones de gobierno.
Se han presentado muchos casos en los que los mandatarios estatales y alcaldes son señalados de “proteger a los capos de las drogas a cambio de cantidades millonarias de dólares”. Basta señalar al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, como uno de los ejemplos donde el gobierno federal decidió hacer a un lado la impunidad priísta y actuar con determinación.
En estos tiempos modernos de hacer política, en los que la avaricia por el dinero vuelve locos a muchos, cuántos Marios Villanueva, Gutiérrez Rebollos o Ramírez Mandujano más andan sueltos en el país protegiendo a los barones de las drogas.
Y quizás ese sea el principal obstáculo para poder echarle el guante a los cabecillas de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico.
Insisto, los gobernadores y autoridades municipales tendrán que entrarle a la cruzada presidencial “Operación Limpieza”, no caben argumentos de que es competencia de la federación.
Las policías estatales y locales cuentan con toda la información de quiénes son los operadores de la distribución de enervantes; tienen pelos y señales de los que se dedican al próspero negocio del secuestro, y hasta identifican a los miembros de las bandas de asaltantes.
Sólo falta que “cooperen”, lo que traería como consecuencia que a muchos encumbrados se les acabe el negocio de la protección.
Y tendrán que entrarle al llamado presidencial, porque los escasos veinte policías federales o militares que arriban a cada entidad federativa con programas como el de “México Seguro”, son motivo de risas para los malosos.
De no hacerlo, es posible que sean desempolvadas aquellas investigaciones por delitos contra la salud, delincuencia organizada, cohecho e incumplimiento de un deber legal, que seguramente están archivadas en la oficina que fue del extitular de la SIEDO, porque él las encubría.
¿O usted qué opina?

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