VERGONZANTE; EL CASO DE LA SEÑORA PATRICIA ROMERO

Es urgente que el gobernador Fidel Herrera de una sacudida trepidatoria a la Procuraduría de Justicia del estado.
Para que caigan todas las ratas y malos funcionarios que llevan décadas enquistadas en la institución, que lejos de procurar justicia sin distinción de clases sociales, la convirtieron en instrumento para abusar del poder, poniéndola al servicio de las mafias y del mejor postor.
A los desprotegidos, los que no tienen fuero, dinero ni influencias políticas, no les han dejado otro camino que, algunas veces, hacerse justicia por sus propias manos, y en otras, cometer actos desesperados, en los que han perdido la vida.
Por ello, prenderse fuego y desnudarse ante los ojos de todos, parecen ser las únicas formas de reclamar justicia en Veracruz
. El 30 de septiembre de 2008, el dirigente indígena de la sierra de Soteapan Ramiro Guillén Tapa, no tuvo otra opción que prenderse fuego en la Plaza Lerdo, frente a palacio de Gobierno, cansado de los oídos sordos del subsecretario Ricardo Landa, quien más que cumplir con la responsabilidad encomendada por el gobernador Herrera, prefería atender sus asuntos de amorío con una alcaldesa en el sur del estado.
Decenas de veces Guillén Tapia fue víctima de ese burocratismo estatal tan repudiado y condenado por el propio mandatario veracruzano, quien como ejemplo hacia sus colaboradores siempre ha mantenido su política de puertas abiertas a la ciudadanía.
Sin embargo, los funcionarios de la subsecretaría de gobierno, encabezados por el Gato Modorro y el director de asuntos políticos Marlon Ramírez, se la pasaron dándole largas a las peticiones del líder campesinos y sus agremiados.
Hasta que Ramiro Guillén, cansado de tanta humillación, decidió rociar su cuerpo de thiner y luego incendiarse ante las cámaras de televisión, inmolación que horas más tarde le costaron la vida al representante populaca, que solo reclamaba la entrega de 400 hectáreas de tierras para los indígenas de la región de la sierra de Soteapan, municipio enclavado en el sur de la entidad.
Aquel fatídico desenlace parece haber sido olvidado por los funcionarios Fidelistas, que siguen mostrando falta de sensibilidad política para atender las necesidades o reclamos del pueblo veracruzano, pese a que la atención a la gente es el estandarte de todos los días de Fidel.
Ayer en palacio de gobierno, durante el desarrollo del “Lunes Ciudadano”, tuvo lugar otro evento que debería ser vergüenza para los servidores públicos de Veracruz, especialmente, esta vez, para los de la Procuraduría de Justicia.
A la señora Patricia Romero García, madre de una pequeña de 10 años de edad y empleada de la Secretaría de Finanzas y planeación del propio gobierno estatal, no le dejaron otra puerta abierta que la de “semidesnudarse” ante las narices de los empleados de la Secretaría de Gobierno.
Como los de Guillén Tapia, los reclamos de doña Patricia eran gritos en el desierto, nunca escuchados por el o los agentes del Ministerio Público que llevan las denuncias en su contra, interpuestas por su iracundo ex esposo quien, se sabe hoy, mantiene lazos de complicidad con altos funcionarios de la propia PGJ.
Lo único que la empleada de Finanzas ha demando a las instancias de procurar justicia, es ser escuchada como lo marca la ley, petición que le ha sido denegado en forma sistemática en virtud del maridaje de intereses entre Ministerios Públicos y los abogados de su ex marido Felipe de Jesús Cardona.
La cerrazón e irresponsabilidad de los servidores públicos del estado en eventos que ya dan la vuelta al mundo vía Internet, colocan nuevamente a la Procuraduría de Justicia de Veracruz en el ojo del huracán.
Es indiscutible que a Salvador Mikel Rivera, le quedó más que grande la Procuraduría; no ha dado solo una desde su llegada; es la burla para la delincuencia estatal y también para los subprocuradores regionales, coordinadores, comandantes y agentes ministeriales, quienes andan dando golpe a ciegas bajo el mando del exsecretario de gobierno chirinista.
Lo mismo sucede con Manuel de León Maza, otro funcionario en los tiempos del gobernador Chirinos, de quien todavía se ignora cuál es su papel en la PGJ, porque desde que llegó a la dependencia no da golpe y no atiende a nadie, pareciera que sólo sirve para cobrar los días de quincena.
Por intervención directa del gobernador, el caso de la señora Patricia Romero García será atendido por las instancias correspondientes.
Pero yo me pregunto…
¿Todo tiene que resolverlo Fidel?
Insisto en que la Procuraduría requiere de un enérgico zarandeo para que caigan las manzanas podridas; no puede estar paralizada por la ineficiencia e incapacidad del procurador en turno.
Porque mientras Mikel y de León Maza duermen en sus laureles, comandantes y agentes hacen de las suyas, vendiendo protección y ordenes de aprehensión, y elevan sus oraciones para que el Procurador termine de irse por razones de salud, y llegue Marco Antonio Aguilar Yunes, el encargado de la plaza aquí en Xalapa.
Pero la posible llegada del hijo del desaparecido político cordobés Silvestre Aguilar Morás, podría resultar de peores consecuencias, en virtud que tuvo que salir huyendo del puerto jarocho porque las mafias iban por él, dizque por no cumplir acuerdos.
En fin, la seguridad pública y la procuración de justicia, siguen siendo la piedra en el zapato para el gobernador Herrera.
¿Cuántos Ramiros Guillén Tapia o Patricias Romero García más exigiendo justicia tendremos lo que resta del sexenio Fidelista?
¿O usted qué opina?