CUANDO EL DESTINO LOS ALCANCE…

Misterioso y preocupante el silencio de las fuerzas federales de seguridad en algunos casos de presuntos delitos de delincuencia organizada en Veracruz.
Los asuntos de las consignaciones a un juez federal del exdirector de Tránsito Municipal en el puerto jarocho Héctor Peñafiel y seis de sus oficiales, y la de los agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado, son para quitarle el sueño a muchos de palacio de gobierno, quienes sin lugar a dudas han servido de cómplices.
Porque extraña que la Procuraduría General de la República y su brazo operativo la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, se hayan conformado con poner a disposición de la autoridad judicial competente exclusivamente a los arraigados, todos servidores públicos del estado de Veracruz.
Hasta donde se sabe, varios de los detenidos y hoy sujetos a procesos por delitos del orden federal, no soportaron esas viejas formas de interrogatorios a los que son sometidos por parte de los expertos de la PGR-SIEDO en arrancar confesiones, a los detenidos.
Y se dice, comenta y especula, que terminaron hablando, embarrando a muchos connotados funcionarios públicos y partidistas de la Fidelidad.
Y es precisamente esa información calificada por los altos mandos de las fuerzas de seguridad nacionales como “privilegiada y confidencial”, la que pudo haber sido el detonante para empezar una implacable cacería de brujas a lo largo y ancho de la geografía veracruzana, de todos los servidores públicos relacionados con la delincuencia organizada asentada y protegida en la entidad.
Sin embargo, existe total hermetismo en las acciones que la SIEDO podría implementar en Veracruz, basadas en las confesiones, tanto de Peñafiel y sus muchachos, como de los agentes de José Domingo Martínez Riveroll, el director de la AVI, dependiente del todavía procurador Salvador Mikel Rivera.
Pareciera que la PGR- SIEDO pretende que la confianza mate a los presuntos Fidelistas involucrados, y así evitar promuevan amparos federales buscando impunidad, como dicen ocurrió con el secretario de gobierno Reynaldo Escobar.
A muy alto nivel se da como un hecho que “existen todos los elementos probatorios para llevarse a por lo menos cinco altos funcionarios del Fidelismo; cuatro más que han dejado la función pública y sirven de YBM (Y veme a traer esto, y veme a traer lo otro) a por lo menos una veintena de presidentes municipales, y dos que tres personajes que despachan en el PRI estatal.
Y no es para menos ese peligro latente que se cierne sobre algunos responsables de las instituciones públicas de Veracruz.
Quienes hoy están en manos de la justicia calderonista, saben mucho de lo que ha venido sucediendo en el estado en materia delictiva en los últimos cinco años.
“Saben demasiado, habrían dicho algunos de los mandos castrenses y de la PFP que les echó el guante”.
Y es probable que les asista la razón…
A Héctor Peñafiel, amigo personal de los hombres del poder en el actual gobierno estatal, y seis de los agentes de Tránsito Municipal que estuvieron bajo su mando, se les acusa de pertenecer a la “delincuencia organizada”, que secuestró y es posible haya victimado, al entonces Administrador de la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz, desaparecido desde el pasado 1 de junio del año en curso.
Mientras que a los siete ex agentes de la AVI estatal, antes Policía Ministerial, los señalan de brindar protección a bandas criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro, y cuando las víctimas no cumplen con los pagos del rescate, los asesinan.
De acuerdo a evidencias y testimonios, todos los consignados a un juez federal fueron videograbados compartiendo el pan y la sal con los jefes de los carteles y de las organizaciones dedicadas a la industria del secuestro.
Se presume iban por el soborno semanal, que desde luego compartían con los jerarcas ubicados en la ciudad sede de los poderes estatales, o al menos que por irse por la libre, les llegó la aplanadora.
Se sabe también que varios de los ex agentes de tránsito y ex policías de la AVI, incluido el propio Héctor Peñafiel, se encuentran sumamente encabronados y decepcionados por la actitud asumida por los altos personajes del gobierno Fidelista de abandonarlos a su suerte.
Es indudable que los ex servidores públicos veracruzanos que se encuentran sujetos a procesos federales, no son todos los que deberían estar.
Funcionarios de la PGJ como José Domínguez Martínez Riveroll, director de la AVI, y Marco Antonio Aguilar Yunes, subprocurador de justicia en esta región de Xalapa, no podrán conciliar el sueño mientras gente suya de todas sus confianzas, como los excomandantes Alfonso Guapillo, Víctor Montiel, Rafael Ugarte, Vicente Pulido, Cándido Aguilar y Manuel Passi, entre otros, estén en la boca del lobo, ignorando hasta donde pudieron haberse ido de la lengua.
Por eso insisto…
Ese silencio de la PGR-SIEDO, es tenebroso y funesto.
¿O usted qué opina?