jueves, 20 de agosto de 2009
Los delegados federales, virreyes del presidente de la república en cada una de las entidades del país.
Sirven sólo a los intereses de la federación, principalmente en aquellos estados opositores al partido gobernante.
Representan ojos y oídos del gobierno federal en turno, y en tiempos electorales las delegaciones son usadas como brazos operadores de los candidatos del instituto político en el poder.
Millonarios son los presupuestos autorizados para cada delegado federal, pero raquítica la obra social realizada.
Por lo que lejos de coadyuvar y sumar esfuerzos con gobernadores y presidentes municipales para llevarle beneficios sociales a la población, muchas veces su función es poner trabas y obstáculos en el camino.
En el estado de Veracruz, son notados los casos en los que el gobierno del estado ha tenido que remar contra la corriente debido a la actitud prepotente, arbitraria y visceral de algunos delegados federales.
Por mencionar un ejemplo, los choques con Agustín Basilio de la Vega, director del Centro SCT en el estado, o con el jefe inmediato de éste, Julen Rementería del Puerto, han sido evidentes a consecuencia de la cerrazón de ambos funcionarios federales.
Incluso se habla que el fino de Basilio, ha enriquecido a más no poder en los años que lleva como representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Veracruz.
Y no son para menos los señalamientos en su contra, provenientes hasta de sus mismos compañeros de partido, entre otros el diputado federal saliente Marcos Salas, de quien se dice, podría sustituirlo en el cargo.
El presupuesto que cada año maneja Basilio de la Vega es superior a los 2 mil millones de pesos, y la verdad que no se ve dónde van a aparar esos millonarios recursos.
Lo mismo sucede con la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, que se ha convertido en botín de unos cuantos panistas, entre los que figuran diputados locales y hasta miembros de la dirigencia estatal del PAN.
La sustitución de Alma Aída Lamadrid Rodríguez en la delegación de SEDESOL, se debió a presiones de los propios pillos del blanquiazul que veían afectados sus intereses con la ex delegada.
Y en la misma situación de sub ejercicio presupuestario, simulación y corrupción de los recursos que manejan, se encuentran otras delegaciones federales.
Por lo que, la desaparición de los virreynatos del presidente Felipe Calderón en los estados, es un grito de todos los gobiernos estatales no pertenecientes a las siglas del Partido Acción Nacional.
Desaparecer las delegaciones federales en los estados, es una solicitud acertada de parte del gobernador de Veracruz.
Que Fidel Herrera Beltrán retome la propuesta de todos sus homólogos afiliados al sindicato de la CONAGO, representa un acierto en estos tiempos de crisis financiera que golpea en forma criminal a los sectores más pobres del país.
El tío Fide, hay que reconocerlo, saca el tema justo en los momentos que más urge al gobierno calderonista ahorrar dinero, para que deje de insistir en afectar a las dependencias públicas vitales como Salud y Educación.
Y la propuesta del mandatario veracruzana, por urgente y necesaria, debe ser apoyada por todos los gobernadores.
Basta ya de simulaciones del gobierno federal.
Es cierto, las representaciones federales existen desde los tiempos del priísmo en Los Pinos, y siempre cumplieron con los mismos fines partidistas para los que hoy las usa el PAN.
Si en el pasado el PRI agarraba a las delegaciones federales como refugio de amigos, compadres, parientes y amantes de los secretarios de despacho, hoy el PAN, además de darles el mismo fin, les saca provecho para que diputados, funcionarios y líderes partidistas, realicen los grandes negocios con las obras públicas que efectúan en los estados con recursos de la federación.
Además de políticos, los blanquiazules se han convertido en prósperos constructores que acaparan los presupuestos más elevados.
Pero llegó el momento de borrarlas del erario federal.
El gobernador Herrera Beltrán, dice que mantener las delegaciones representa a las arcas de la nación un costo de 233 mil millones de pesos cada año.
Insultante derroche de dinero para los nulos resultados que dejan en beneficio del pueblo mexicano.
¿O usted qué opina?
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