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lunes, 26 de noviembre de 2012

UNA BONITA FAMILIA.


BUENOS DIAS VERACRUZ

David Varona Fuentes

Martes 27 de noviembre del 2012.


¿Cuál será el trato de Peña Nieto a Veracruz?

Es la interrogante que recorre los pasillos tenebrosos del vetusto palacio de Gobierno aquí en la capital del estado.

Y no es para menos.

Según pasan los días y se acerca la asunción de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, historias tenebrosas empiezan a llegar a oídos del ex gobernador mexiquense, todas denostando y desprestigiando a un buen número de mandatarios estatales pertenecientes al PRI, en especial de aquellos estados del país donde la votación presidencial del 1 de Julio no favoreció al abanderado del partido tricolor.

El equipo compacto y de mayor peso emocional en Peña Nieto, que no dejan pasar ni el aire: Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, y Jesús Murillo Karam, no bajan de “priístas traidores” a gobernadores de su mismo instituto político.

Ha trascendido que son cuatro los gobernadores del PRI que no tendrán derecho de picaporte en los Pinos.

No habrá persecución, pero si indiferencia.

Pareciera ser claro y determinante el objetivo trazado por los personajes que rodean a Peña Nieto:

Identificar plenamente a los mandatarios estatales y sus compromisos con otras fuerzas políticas, del bien y del mal.

No es la primera vez que en los inicios de un gobierno unos se saquen la rifa del tigre, otros un auto de formal prisión, y unos más les caiga encima la desgracia de años de tragedia política y financiera.

¿Por qué la presunta carnicería en contra de gobernadores del PRI?

Fácil y sencillo.

La política es de tiempos y de formas, pero también de odios, rencores y venganzas.

Reitero que el poder marea a los inteligentes y enloquece a los pendejos, y hacer política en México es usar el poder como instrumentos de persecución y venganza.

Muy pocos y excepcionales son los mortales que hacen de la política el arte de la convivencia social y la herramienta para llevar desarrollo a todos los pueblos.

En México, bloquear, hostigar, amenazar y cerrarle la llave de la publicidad oficial a los medios de comunicación críticos, independientes y comprometidos con la de llevar la verdad a la ciudadanía, también es otro estilo de hacer política.

Pero… qué hicieron aquellos gobernadores priístas que hoy, aseguran, tienen la desdicha de estar en el banquillo de los acusados desde el inicio del nuevo gobierno federal que entra en funciones el 1 de diciembre.

De acuerdo a informes confiables en nuestro poder, el libelo, entregado a Peña Nieto, señala:

-“Ese grupo de gobernadores traidores “no sacaron la casta de priístas ni sudaron la camiseta peñista para luchar por el triunfo en sus estados, lejos del compromiso, existen reportes que funcionarios estatales cercanos a los gobernadores, así como dirigentes de los Comités Directivos Estatales giraron instrucciones a sus operadores de trabajar el voto a favor de la candidata del PAN”.

Otra parte del contenido hace referencia al manto protector de dichos gobernadores a sus antecesores, a quienes perdonaron su complicidad con bandas del narcotráfico y del crimen organizado, así como el hecho de hacerse los sordos y ciegos en los delitos de corrupción y enriquecimientos inexplicables, y el de grave endeudamiento de sus haciendas estatales incurridos durante sus mandatos.

Interesante parece ser el informe que el equipo de transición investigó y presuntamente entregó a Peña Nieto, en los primeros días del pasado mes de octubre, con el objetivo principal de que el futuro mandatario mexicano conociera de pies a cabeza con qué gobernadores trabajará para dar seguimiento a los compromisos por México, contraídos en campaña.

Sin embargo, es necesario preguntar:

¿Quiénes están detrás de ese libelo que involucra al gobierno de Veracruz?

Las acusaciones y graves señalamientos son dardos mortíferos directo al corazón de la actual administración veracruzana.

En Veracruz son conocidas las mentes perversas de los enemigos del pasado capaces de agitar las aguas y convertir en infierno la quietud, paciencia y tolerancia de quien manda en el estado.

Sin llegar al extremo irresponsable de hacer señalamientos, sólo basta escribir que en el gobierno Peñista, Miguen Ángel Osorio Chong, será el poderoso Secretario de Gobernación; Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.

Todos ellos con sendos expedientes, más negros que blancos, en su paso por el servicio público.

Yo pregunto:

¿Qué personajes rodean y tienen nexos amistosos y de complicidad con cada uno de los hombres con mayor influencia en las decisiones de Enrique Peña Nieto?

En el caso exclusivo del estado gobernado por el doctor Javier Duarte de Ochoa, surgen dudas y cuestionamientos:

¿A quién de ellos tres se le identifica con algún actor político veracruzano cuya especialidad sea la diatriba y su locura de incendiar Veracruz?

Pues ese, el que usted imagina amable lector, será el transportador de los expedientes negros de la Fidelidad y sus cómplices.

La gran diferencia es que todos en el PRI, buenos y malos, honestos y sinvergüenzas, inocentes y culpables, son una bonita familia.

¿O usted qué opina?

davidvaronaf@hotmail.com

www.lagazeta.org

www.buenosdiasveracruz.blogspot.com



PUNTA DE LANZA…

Durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de justicia, el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, no tuvo pañuelos suficientes para limpiarse la sangre que le brotaba de la boca al defender a los subprocuradores, comandantes y jefes policiacos señalados de estar involucrados y brindar protección a bandas criminales.

El de Cotaxtla defendió lo indefendible.

Negó que sus “muchachos” tengan relación de complicidad con la gente de la última letra, a pesar que existen testigos que así lo comprueban, como son los casos de los subprocuradores Marco Antonio Lezama Moo, Jorge Yunis Manzanares, y ex subprocurador en la zona de Córdoba, Abraham Becerril Hernández.

Pero quién le cree a Amadeo, si él mismo reprobó los exámenes de confiabilidad y está impedido para ejercer cargo público alguno, menos estar al frente de la Fiscalía estatal.



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