BUENOS DÍAS VERACRUZ
David Varona Fuentes
Miércoles 6 de junio de 2012
Historias de ladrones…
Un escándalo político que se avecina y que cimbrará al jet set veracruzano.
Protagonistas: La familia Ruiz Ortiz, del puerto jarocho, el gobierno estatal y funcionarios de la Procuraduría Agraria.
Todos confabulados, como cualquier banda delictiva, para apoderarse de 1,075 hectáreas de tierras del predio La Bocana, en el municipio de Medellín de Bravo.
La Bocana fue propiedad de Manuel Ortiz Revuelta, quien la compró al coronel Carlos I Serrano, según Acta de Inscripción Número 16, Tomo 765, Sección Primera del Registro Público de la Propiedad de Veracruz del 25 de noviembre de 1952.
El predio rústico quedó intestado al morir su dueño Ortiz Revueltas el 20 de noviembre de 1965, y la codicia y ambición de la familia Ruiz Ortiz empieza a partir de la solicitud de un grupo de campesinos que lo requieren para conformar un nuevo Centro de Población Ejidal, al que llamarían Herón Proal.
Hasta la fecha la lucha por esas tierras ha desatado una guerra de papel, de amparos directos e indirectos, de tráfico de influencias y sobornos millonarios a funcionarios federales, además de diversos hechos de sangre.
Los hermanos Valentín y Juan Felipe Ruiz Ortiz, actores principales, han recurrido a todas las argucias legales e ilegales para repartirse La Bocana como botín familiar.
Y no es para menos, lo han hecho por tres grandes razones.
La primera, por el tentador y atractivo costo de más de un millón de pesos que se cotiza cada hectárea de la Bocana.
La segunda, por los millones de pesos invertidos en comprar a las autoridades agrarias, según denuncian los comuneros que pelean las tierras.
Y tercera, porque han dispuesto ya, desacatando disposiciones y mandatos judiciales en complicidad con la propia autoridad agraria, de por lo menos 159 hectáreas en las que contemplan crear un fraccionamiento habitacional unifamiliar y en condominio de tipo medio, residencial alto, comercial y marina que denominarán Tucán.
Los grandes cómplices del clan Ruiz Ortiz son el gobierno de Veracruz y el Tribunal Unitario Agrario Distrito con sede en Xalapa, a cargo de Rubén Gallegos Vizcarra, entre otros muchos que no han aguantado los cañonazos de dinero de la potentada familia, dueños de casi toda la actividad comercial de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Cuando han visto que la lumbre de la justicia los quema hacen valer sus influencias para echar abajo la defensa de los solicitantes del nuevo poblado Herón Proal.
Así lo han hecho desde la sentencia del Juicio Agrario número 484/1996 del 10 de septiembre de 1997 donde el Tribunal Superior Agrario determinó que “no ha lugar a la dotación de tierras intentada por la vía de creación de un nuevo centro de población ejidal por no ser legalmente afectable el predio señalado por los demandantes”.
Sólo han sido palos de ciego para alargar la entrega de las tierras a sus legítimos solicitantes. En la revisión del resolutivo 484/1996 mediante el Juicio de Garantías D.A. 1975/98 del 23 de febrero de 2000 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito amparó y protegió la creación del nuevo centro de población Herón Proal.
A partir de la anterior sentencia que perjudicaba sus intereses, la familia Ruiz Ortiz inició bombardeo de amparos a diferentes instancias agrarias y judiciales, como el 403/2000-5 y el 385/2003 promovidos por Patricia Sosa de Ruiz,- esposa de Juan Felipe Ruiz Ortiz- y los hijos de Valentín, Javier Antonio, Francisco José y Valentín Manuel, todos Ruiz Anitua, y el 3955/2000 interpuesto por el propio Valentín Ruiz Ortiz, los cuales han sido desechados y motivo de sobreseimiento por la autoridad correspondiente.
Impotentes para vencer jurídicamente a un grupo de colonos representantes del Comité Particular Ejecutivo de la Herón Proal que no aceptó el soborno de 50 millones de pesos que les ofrecían- a iniciativa de los entonces gobernadores Miguel Alemán Velazco y Fidel Herrera Beltrán- para que “se aplacaran y olvidaran el asunto”, los Ruiz optaron por desacreditar y desaparecer dicho liderazgo con la “ayuda” del magistrado agrario Rubén Gallegos Vizcarra.
Mediante trampas y argucias y metiéndose en la vida interna de las organizaciones el Tribunal Unitario Agrario, a cargo de Gallegos Vizcarra, desconoció dicho Comité y formó otro dócil y al servicio de los Ruiz.
Sin enemigos enfrente, el 29 de enero de 2011, Rubén Gallegos ordenó la ejecución y cumplimiento del Juicio de Amparo D.A 1975/98, repartiendo 916 hectáreas, ya no las 1,075, por que 159 hectáreas están en poder de los Ruiz, ilegalmente desde años atrás.
José Manuel Salgado Ferreira, quien se dice el presidente legal del Comité particular Ejecutivo y fundador del movimiento Herón Proal, después de explicar que tuvo que salir huyendo de Veracruz por esta en riesgo su vida, acusa al titular del Tribunal Unitario Agrario Rubén Gallegos Vizcarra de recibir 50 millones de pesos de manos de Valentín Ruiz Ortiz, para violentar el proceso y beneficiarlo.
-Yo lo acuso de venderse a Valentín Ruiz, señala.
-¿Tiene pruebas?, pregunta el reportero.
-Sí las tengo, asegura.
Dice que el caso aún no termina:
“Estamos en espera de la resolución final del tribunal Superior Agrario que reponga el juicio violatorio desde sus orígenes; Rubén Gallegos y demás cómplices agrarios terminarán en la cárcel por corrupción e incumplimiento de un deber legal”.
Por cierto, dentro de ese mundo de tierras en disputa en la Bocana, existe una paradisiaca isleta recreativa de 32 hectáreas denominada La isla del Cangrejo, y presumen se le escrituró nada menos que a Fidel Herrera Beltrán, en contribución a lo que aportó para beneficiar a sus amigos los hermanos Valentín y Juan Felipe Ruiz Ortiz.
Toda una ola de corrupción, protegida con el manto de la impunidad y el maridaje político, de quienes al amparo del poder, ha violentado el marco jurídico de nuestra Carta Magna. Sin embargo, la justicia parece tocar las puertas de la aplicación justa de la ley.
Valentín y Juan Felipe… ahora ya no podrán contar con la influencia del triste célebre ex gobernador Fidel Herrera; se presagian barruntos de tempestad para los hermanos corruptos, que han presumido de ser intocables, al parecer el destino les tiene reservada una gran sorpresa, pues estos angelitos, no solo están innodados en este escándalo de grandes proporciones, las instancias federales los tienen bajo observación, por su participación en otros grandes y jugosos negocios, llevados a cabo durante el gobierno del fidelismo.
Seguiremos informando con todo detalle, el rumbo que habrán de tomar estos asuntos delicados y escabrosos. Este reportero le seguirá los pasos a todos los protagonistas, de este escándalo que ha permanecido oculto, por funcionarios corruptos y mercenarios de la ley.
¿O usted qué opina?
davidvaronaf@hotmail.com
-NOTICIERO EN VIVO-
-BUENOS DÍAS VERACRUZ-
-11am Por:
www.lagazeta.org
www.buenosdiasveracruz.blogspot.com
David Varona Fuentes
Miércoles 6 de junio de 2012
Historias de ladrones…
Un escándalo político que se avecina y que cimbrará al jet set veracruzano.
Protagonistas: La familia Ruiz Ortiz, del puerto jarocho, el gobierno estatal y funcionarios de la Procuraduría Agraria.
Todos confabulados, como cualquier banda delictiva, para apoderarse de 1,075 hectáreas de tierras del predio La Bocana, en el municipio de Medellín de Bravo.
La Bocana fue propiedad de Manuel Ortiz Revuelta, quien la compró al coronel Carlos I Serrano, según Acta de Inscripción Número 16, Tomo 765, Sección Primera del Registro Público de la Propiedad de Veracruz del 25 de noviembre de 1952.
El predio rústico quedó intestado al morir su dueño Ortiz Revueltas el 20 de noviembre de 1965, y la codicia y ambición de la familia Ruiz Ortiz empieza a partir de la solicitud de un grupo de campesinos que lo requieren para conformar un nuevo Centro de Población Ejidal, al que llamarían Herón Proal.
Hasta la fecha la lucha por esas tierras ha desatado una guerra de papel, de amparos directos e indirectos, de tráfico de influencias y sobornos millonarios a funcionarios federales, además de diversos hechos de sangre.
Los hermanos Valentín y Juan Felipe Ruiz Ortiz, actores principales, han recurrido a todas las argucias legales e ilegales para repartirse La Bocana como botín familiar.
Y no es para menos, lo han hecho por tres grandes razones.
La primera, por el tentador y atractivo costo de más de un millón de pesos que se cotiza cada hectárea de la Bocana.
La segunda, por los millones de pesos invertidos en comprar a las autoridades agrarias, según denuncian los comuneros que pelean las tierras.
Y tercera, porque han dispuesto ya, desacatando disposiciones y mandatos judiciales en complicidad con la propia autoridad agraria, de por lo menos 159 hectáreas en las que contemplan crear un fraccionamiento habitacional unifamiliar y en condominio de tipo medio, residencial alto, comercial y marina que denominarán Tucán.
Los grandes cómplices del clan Ruiz Ortiz son el gobierno de Veracruz y el Tribunal Unitario Agrario Distrito con sede en Xalapa, a cargo de Rubén Gallegos Vizcarra, entre otros muchos que no han aguantado los cañonazos de dinero de la potentada familia, dueños de casi toda la actividad comercial de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Cuando han visto que la lumbre de la justicia los quema hacen valer sus influencias para echar abajo la defensa de los solicitantes del nuevo poblado Herón Proal.
Así lo han hecho desde la sentencia del Juicio Agrario número 484/1996 del 10 de septiembre de 1997 donde el Tribunal Superior Agrario determinó que “no ha lugar a la dotación de tierras intentada por la vía de creación de un nuevo centro de población ejidal por no ser legalmente afectable el predio señalado por los demandantes”.
Sólo han sido palos de ciego para alargar la entrega de las tierras a sus legítimos solicitantes. En la revisión del resolutivo 484/1996 mediante el Juicio de Garantías D.A. 1975/98 del 23 de febrero de 2000 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito amparó y protegió la creación del nuevo centro de población Herón Proal.
A partir de la anterior sentencia que perjudicaba sus intereses, la familia Ruiz Ortiz inició bombardeo de amparos a diferentes instancias agrarias y judiciales, como el 403/2000-5 y el 385/2003 promovidos por Patricia Sosa de Ruiz,- esposa de Juan Felipe Ruiz Ortiz- y los hijos de Valentín, Javier Antonio, Francisco José y Valentín Manuel, todos Ruiz Anitua, y el 3955/2000 interpuesto por el propio Valentín Ruiz Ortiz, los cuales han sido desechados y motivo de sobreseimiento por la autoridad correspondiente.
Impotentes para vencer jurídicamente a un grupo de colonos representantes del Comité Particular Ejecutivo de la Herón Proal que no aceptó el soborno de 50 millones de pesos que les ofrecían- a iniciativa de los entonces gobernadores Miguel Alemán Velazco y Fidel Herrera Beltrán- para que “se aplacaran y olvidaran el asunto”, los Ruiz optaron por desacreditar y desaparecer dicho liderazgo con la “ayuda” del magistrado agrario Rubén Gallegos Vizcarra.
Mediante trampas y argucias y metiéndose en la vida interna de las organizaciones el Tribunal Unitario Agrario, a cargo de Gallegos Vizcarra, desconoció dicho Comité y formó otro dócil y al servicio de los Ruiz.
Sin enemigos enfrente, el 29 de enero de 2011, Rubén Gallegos ordenó la ejecución y cumplimiento del Juicio de Amparo D.A 1975/98, repartiendo 916 hectáreas, ya no las 1,075, por que 159 hectáreas están en poder de los Ruiz, ilegalmente desde años atrás.
José Manuel Salgado Ferreira, quien se dice el presidente legal del Comité particular Ejecutivo y fundador del movimiento Herón Proal, después de explicar que tuvo que salir huyendo de Veracruz por esta en riesgo su vida, acusa al titular del Tribunal Unitario Agrario Rubén Gallegos Vizcarra de recibir 50 millones de pesos de manos de Valentín Ruiz Ortiz, para violentar el proceso y beneficiarlo.
-Yo lo acuso de venderse a Valentín Ruiz, señala.
-¿Tiene pruebas?, pregunta el reportero.
-Sí las tengo, asegura.
Dice que el caso aún no termina:
“Estamos en espera de la resolución final del tribunal Superior Agrario que reponga el juicio violatorio desde sus orígenes; Rubén Gallegos y demás cómplices agrarios terminarán en la cárcel por corrupción e incumplimiento de un deber legal”.
Por cierto, dentro de ese mundo de tierras en disputa en la Bocana, existe una paradisiaca isleta recreativa de 32 hectáreas denominada La isla del Cangrejo, y presumen se le escrituró nada menos que a Fidel Herrera Beltrán, en contribución a lo que aportó para beneficiar a sus amigos los hermanos Valentín y Juan Felipe Ruiz Ortiz.
Toda una ola de corrupción, protegida con el manto de la impunidad y el maridaje político, de quienes al amparo del poder, ha violentado el marco jurídico de nuestra Carta Magna. Sin embargo, la justicia parece tocar las puertas de la aplicación justa de la ley.
Valentín y Juan Felipe… ahora ya no podrán contar con la influencia del triste célebre ex gobernador Fidel Herrera; se presagian barruntos de tempestad para los hermanos corruptos, que han presumido de ser intocables, al parecer el destino les tiene reservada una gran sorpresa, pues estos angelitos, no solo están innodados en este escándalo de grandes proporciones, las instancias federales los tienen bajo observación, por su participación en otros grandes y jugosos negocios, llevados a cabo durante el gobierno del fidelismo.
Seguiremos informando con todo detalle, el rumbo que habrán de tomar estos asuntos delicados y escabrosos. Este reportero le seguirá los pasos a todos los protagonistas, de este escándalo que ha permanecido oculto, por funcionarios corruptos y mercenarios de la ley.
¿O usted qué opina?
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