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domingo, 6 de septiembre de 2009

EL MÉXICO SALVAJE

Nada ni nadie para la violencia en el país.
Los operativos multipolicíacos siguen día y noche, pero el país continúa ensangrentándose, ahora hasta de vidas inocentes.
El brutal asesinato del candidato priísta a diputado local en Tabasco, José Francisco Fuentes, de su esposa y sus pequeños hijos, rebasa ya los límites de la tolerancia.
El del político tabasqueño y su familia, y la de otros tantos asesinatos cometidos a sangre fría, representa una burla para las autoridades responsables de la seguridad pública, tanto federales como estatales.
México vive en el terror y la zozobra, sin paz ni tranquilidad social.
La pesadilla de los mexicanos ya no sólo es la crisis económica, sino que también los angustia salir a las calles, a un parque o a cualquier centro de diversión, por temor a ser víctimas de atentado criminales.
A los funcionarios públicos el cargo les está quedando grande y no renuncian.
El 22 de agosto de 2008 en su intervención en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidida por el presidente Felipe Calderón, el empresario Alejandro Martí, en medio del dolor por el asesinato de su hijo Fernando Martí, exigió…
“Si la vara es muy alta para atender la inseguridad en México; si no pueden renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno; no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada; eso también es corrupción”.
Y pidió al Presidente Calderón, a gobernadores, Jueces y Ministerios Públicos, que “cedan sus lugares a jóvenes universitarios; gente joven, limpia, nueva, no maleada, que gustosos harían el trabajo que ustedes no están haciendo”.
Sin embargo, a más de un año de aquella petición de un padre sumido en el dolor y el sufrimiento por la pérdida de su hijo que cimbró las estructuras del sistema político mexicano, los resultados en materia de seguridad pública nacional son catastróficos.
Nada ha cambiado; los asesinatos, secuestros y levantones, son como el pan de cada día.
Los alcances en materia de seguridad pública nacional hechos públicos en el Tercer Informe Presidencial, no dejan de ser números alegres.
Son los escasos resultados de una lucha a ciega que mantiene el gobierno federal contra las bandas del crimen organizado.
Porque cuando las fuerzas multipoliciacas del país capturan a jefes criminales, más tardan en anunciar la noticia, que las bandas en estrenar nuevos dirigentes.
Y lejos de asomarse visos de triunfo del programa México Seguro, el escenario es cada vez más desolador y espeluznante para la ciudadanía de cualquier rincón de la república, por ningún lado se observa que pronto podría retornar la seguridad.
Y nunca volverá la tranquilidad, mientras en sus estados los gobernadores sean cómplices y sigan cubriendo con el manto de la impunidad a las bandas del crimen organizado.
Cada uno de los mandatarios estatales sabe quiénes son, dónde se ocultan y cómo operan los cabecillas de cada una de las organizaciones delictivas.
Tampoco ignoran los gobernadores qué colaboradores suyos, del más alto nivel hasta el policía raso, se encuentran al servicio de las mafias asentadas en sus estados.
En el caso exclusivo del gobierno de Veracruz, todos saben quien es quién, y cuáles son las amistades peligrosas con las que se juntan.
Por lo tanto, basta ya de simulaciones y dobles discursos.
El asunto de la seguridad pública es más grave que la crisis que azota a los mexicanos, y los gobiernos estatales restan importancia por no afectar esos lazos de complicidad que los une a los sicarios.
Con exabruptos de que “no pasa nada, y que todo es miel sobre hojuelas, los gobernadores de todas las corrientes políticas buscan proyectar imágenes pagadas en televisión, muy alejadas de la realidad que enfrentan cada día los ciudadanos de los estados a su cargo.
El flagelo de la inseguridad tampoco será combatida dándole más y mejores armas a las corporaciones policiacas, si el problema de la corrupción a través de la venta de protección no se ataca de raíz.
Con ejemplos como los del norte del país o el del sábado en Tabasco, con el cuádruple homicidio del abanderado del PRI y su familia, que otros gobernantes pongan sus barbas a remojar si es que insisten en mirar la inseguridad pública como asunto controlado y sin importancia.
Los ocho o diez guaruras con cargo al erario público, que cuiden las espaldas de los políticos con colas demasiadas largas, serán insuficientes.
¿O usted qué opina?

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